¿Es justo incrementar las medidas que afectan
a los cubanos de la Isla y al mismo tiempo cerrarles
las vías de escape?
ALEJANDRO
ARMENGOL
La Habana y Washington están ofreciendo
diversas respuestas frente al auge de la inmigración
en Cuba. Coinciden en unas y disienten en otras,
pero ambos gobiernos recurren a una doble moral
frente a un drama humano.
La Casa Blanca afirma que este aumento obedece
a la falta de libertad y a la crisis económica
y social reinante en la Isla. En la Plaza de la
Revolución, lo ven como el resultado de
la "asesina" Ley de Ajuste Cubano.
La administración del presidente norteamericano
George W. Bush apela a la demagogia y afirma que
está dando los pasos necesarios para ayudar
a los cubanos, con el fin de acelerar la transición
hacia la democracia. El régimen de Fidel
Castro recurre al socorrido expediente de culpar
a otros de sus problemas.
En lo que están de acuerdo ambos gobernantes
es en considerar que todos (Castro) o muchos (Bush)
de los que abandonan la Isla lo hacen por motivos
económicos y no políticos, mientras
que los refugiados se empecinan en no creer en
las promesas de uno o del otro. Dos países
tan disímiles unidos por un problema común:
miles de desesperados en busca de un destino mejor.
Queda una zona gris que amenaza la larga luna
de miel entre el gobierno norteamericano y buena
parte de la comunidad exiliada: la política
de "pies secos, pies mojados", la cual
obliga a los cubanos a tocar suelo norteamericano
para obtener asilo. Es precisamente esta política
la que Castro aprovecha para explotar las incongruencias
de una medida que favorece el contrabando humano,
aumenta los riesgos y, en Miami, acentúa
las diferencias de percepción y actitud
hacia los que huyen de la Isla.
Los balseros del puente
La repatriación de un grupo de quince inmigrantes
que llegaron a un puente semiderruido, en una
época parte de la línea de ferrocarril
entre Miami y los Cayos de la Florida, ha puesto
de nuevo en evidencia lo inadecuado del proceso.
Pero más allá de lo injusto de la
devolución —el estado de abandono del puente
no lo excluye de formar parte del territorio norteamericano:
no es una "tierra de nadie", imposible
apoderarse de los pedazos de armazón en
ruina y venderlos como chatarra o declararlos
la "República Independiente del Puente"—,
la falta de sensibilidad y la indiferencia del
gobierno norteamericano es lo que ha indignado
a muchos aquí.
Este sentimiento debe extenderse a denunciar la
doble moral de Bush y sus seguidores en la radio
de esta ciudad, quienes practican la maldad de
denunciar a un régimen y al mismo tiempo
adoptan una actitud selectiva a la hora de considerar
a sus víctimas.
El gobierno de Bush ha preferido dejar inalterables
las normas que rigen la política hacia
Cuba en los dos puntos claves establecidos por
la última administración demócrata.
El primero afecta las relaciones comerciales de
esta nación con otros países: renovar
cada seis meses la prórroga de la puesta
en práctica del título III de la
Ley Helms-Burton.
El segundo guarda relación con un mayor
control de las fronteras, una política
migratoria menos amplia y una tendencia creciente
a cerrar el país —aspectos en los que se
combinan los puntos de vista del Partido Republicano
con un cambio de actitud nacional, luego de los
ataques terroristas del 9/11—, pero también
con el temor siempre presente a un éxodo
masivo desde la Isla. En este sentido, la administración
ha preferido mantener la política migratoria
respecto a Cuba establecida por el ex presidente
Bill Clinton.
Restricciones y refugiados
Las restricciones al dinero y los viajes complació
al sector de línea dura que vota en bloque
por los candidatos republicanos. Este no ha dejado
de mostrar su ilusión por una política
tan inútil como el embargo.
Sin embargo, la vigencia de la ley de "pies
secos, pies mojados" no encuentra el mismo
entusiasmo. En primer lugar, porque se trata de
una decisión demócrata, del "repudiado"
ex presidente Clinton. En segundo, entra en consideración
que el manifestarse abiertamente en favor de la
misma, conserva el estigma de ser catalogado como
alguien que mantiene un grado de complicidad con
Castro.
En tercero —y no menos importante—, está
el hecho de que al tiempo que el exilio mantiene
aún en buena medida una actitud no exclusiva
hacia la llegada de nuevos miembros, se muestra
también muy celoso de su carácter
único. Nada nos distingue más de
otros inmigrantes que la Ley de Ajuste, nada nos
acerca más que el cumplimiento férreo
de la medida de "pies secos, pies mojados".
Todo esto crea una situación difícil
para ciertos orientadores de la opinión
pública, partidarios a capa y espada de
la política de Bush. Aquí la apatía
sustituye al entusiasmo. La línea partidista
importa más que el destino de miles de
compatriotas. Directores de programas radiales
que ya hubieran mostrado su "indignación"
si gobernaran los demócratas, prefieren
guardar silencio.
No se puede decir lo mismo de varias organizaciones
exiliadas de línea dura que apoyan las
restricciones a los viajes y las remesas, pero
al mismo tiempo quieren que se cambie o elimine
la distinción entre "pies secos"
y "pies mojados". Tampoco de los legisladores
cubanoamericanos.
Los congresistas por la Florida Ileana Ros-Lethinen
y Mario y Lincoln Díaz-Balart han presentado
una propuesta de modificar la ley. Se espera que
se sume a la misma el senador Mel Martínez,
quien ha declarado que "la política
de pies secos, pies mojados es un completo fracaso".
Aunque si bien se debe reconocer el gesto de los
representantes, hubiera sido mejor un planteamiento
más amplio por parte de estos. Una modificación
de la medida no resuelve la inconsistencia entre
una condena total al régimen de Castro
y presenciar cómo miles de cubanos son
devueltos a la Isla. Por otro lado, nada hay que
esperar de los demócratas al respecto.
Ni justo ni humano
Una vez más, la aritmética está
en contra de los nuevos refugiados. Menos de la
cuarta parte de quienes llegaron a EE UU después
de 1985 tienen la ciudadanía norteamericana.
Es este sector de la población el que intenta
traer a sus familiares por diferentes vías.
Para muchos de los exiliados de larga permanencia
en suelo norteamericano, el tema migratorio no
entra dentro de sus prioridades —respecto a la
situación cubana—, salvo en lo referente
a la amenaza de un éxodo masivo.
Una inmigración ordenada, segura y legal
no significa devolver indiscriminadamente a los
refugiados interceptados en el mar, retener en
la Base Naval de Guantánamo a unos pocos
y garantizar la permanencia en suelo norteamericano
sólo a los que cuentan con los recursos
necesarios para pagar las sumas exorbitantes que
exigen los contrabandistas.
En cualquier caso, es garantizar que nadie con
derecho a asilo sea devuelto a Cuba y permitir
a todo refugiado apresado en alta mar la tramitación
de su caso en suelo norteamericano, en un proceso
abierto al público y con la participación
de abogados independientes.
El argumento de que este país no puede
permitirse una inmigración ilegal poco
convence al hijo o al padre que quiere traer a
sus familiares. No es justo ni humano incrementar
las medidas que afectan a los cubanos que viven
en la Isla y al mismo tiempo cerrarles las vías
de escape.
Quienes alientan el aumento de la presión
económica sobre el pueblo cubano —con arengas
desde estudios radiales con aire acondicionado
y el estómago lleno—, caen en la misma
demagogia que los miembros del régimen
que llaman a la honestidad y el sacrificio, mientras
disfrutan de sus privilegios.
Unos y otros deberían avergonzarse. Al
menos mostrar un poco de pudor y guardar silencio.
Siempre hay un oficio más digno para un
ministro o un director general de radio.
